El laberinto fiscal de México: entre la política y la realidad de los números

Por otra parte, de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la inversión física creció notablemente debido, en buena medida, a la decisión de la administración de López Obrador de avanzar y concluir megaobras como el Tren Maya y los proyectos de infraestructura económica de Pemex. En todo caso, el pronunciado relajamiento fiscal de 2024 indujo un drástico ajuste en 2025, dado que el déficit primario pasó de 1.5% del PIB en 2024 a 0.2% en 2025. En este contexto, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2027, para 2026 se espera continuar con el proceso de consolidación fiscal y cerrar con un superávit primario equivalente al 0.1% del PIB.

A estas presiones presupuestarias se suma el peso de las pensiones y jubilaciones, que, de acuerdo con el portal de Transparencia Presupuestaria del gobierno federal, representan el 24% del gasto programable previsto para 2026, frente al 58% destinado a otros gastos corrientes y al 18% correspondiente al gasto de inversión. Es decir, casi uno de cada cuatro pesos del gasto programable se destina al pago de pensiones y jubilaciones, monto que supera ampliamente al gasto de inversión y que tiende a crecer de manera inercial no sólo debido al envejecimiento de la población, sino a las obligaciones legales derivadas de los distintos regímenes pensionarios, particularmente los de reparto. Aun cuando las pensiones cumplen una importante función social y económica al estimular el consumo y brindar bienestar a millones de personas, su crecimiento tiende a agudizar las tensiones entre la necesidad de mejorar la infraestructura económica, que constituye un importante motor del crecimiento, y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con la población jubilada. Esto, sin aumentar los impuestos, elevar el endeudamiento o recortar otros rubros del presupuesto público.

A las presiones estructurales de gasto público y las necesidades de inversión previamente analizadas habría que añadir el costo financiero de la deuda pública, que comprende el pago de intereses de la deuda interna y externa, así como las comisiones y otros gastos asociados

Constitucionalistas, investigadores académicos y observadores de políticas públicas señalan que la eficacia de las medidas adoptadas se medirá por sus resultados verificables en el terreno, así como por el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección efectiva de la ciudadanía.

Las comisiones legislativas y los gabinetes de coordinación mantendrán sesiones de evaluación continua durante los próximos días con el objetivo de actualizar los reportes oficiales y deslindar responsabilidades o ajustar los operativos correspondientes.

En el balance editorial de El Semanal México, el seguimiento a los reportes difundidos por El Universal en torno a que el laberinto fiscal de méxico: entre la política y la realidad de los números demuestra que las decisiones que se adopten en los próximos días tendrán un peso determinante para el sector. La convergencia de datos técnicos, posturas institucionales y reacciones de los actores involucrados perfila una agenda de alta prioridad que continuará generando definiciones relevantes en el panorama nacional.